Vecinos de Puerto Real están recibiendo en los últimos días en sus domicilios el primero de los recibos correspondientes a la famosa, y ya conocida, “Tasa de Transferencia, Transporte y Tratamiento de Residuos Municipales”. Una misiva que procede de la Diputación de Cádiz y que pone al cobro los años 2016 y 2017 de dicha tasa.

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Una larga historia

La historia de esta tasa viene de lejos. El Ayuntamiento de Puerto Real, en 2012, aprobó una tasa municipal para hacer frente al pago de este servicio. Sin embargo, “no se puso en cobro por irresponsabilidad política”, señaló Antonio Romero, Alcalde de Puerto Real, a Puerto Real Hoy.

El tiempo pasó y llegamos al año 2014, cuando el BOP el 26 de Diciembre de 2014 publicaba la normativa de esta tasa que pasó a cobro por parte de la Diputación de Cádiz tras el convenio con el Consorcio Bahía de Cádiz, entre los que se integra Puerto Real.

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Para seguir explicando la tasa, hay que resaltar que la gestión de las basuras se realiza en dos fases. La primera comprende la recogida de los residuos municipales, cuya realización corre a cargo de los Ayuntamientos (Tasa de Recogida de Basura). La segunda, comprende la transferencia, transporte y tratamiento de estos residuos municipales, a partir de su recogida hasta su reciclaje y vertido, realizada por los Consorcios creados al efecto, en este caso el Consorcio Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Cádiz (Tasa de Transferencia, Transporte y Tratamiento de Residuos Municipales).

El Ayuntamiento de Puerto Real se acogió en 2015, en sesión extraordinaria de Pleno, a esta medida, que fue criticada por parte del Partido Andalucista, como parte de las nuevas medidas del Plan de Ajuste, aunque Antonio Romero, por aquel entonces Alcalde de Puerto Real, recordó que el Consistorio, al respecto de esta tasa, ya tuvo que pagar nada más llegar cerca de 2 millones de euros de deuda que había contraído el Ayuntamiento de Puerto Real en este concepto con el Consorcio Bahía de Cádiz, gracias al Plan de Pago a Proveedores.

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Desde 38€ por vivienda

El servicio de recaudación de la Diputación de Cádiz ha elaborado una página web donde se puede encontrar detalladamente las tarifas del nuevo impuesto que, como se esperaba, se está poniendo al cobro de manera paulatina.

A cada propietario de vivienda se le notificará por correo la cantidad a pagar en 2020, que corresponderá a los años 2016 y 2017. Así hasta llegar a 2021, donde se aplicará el año 2020. Para entonces, el Consistorio espera tener ya una tasa propia que sustituya a la Consorcial.

Planta de Biorreciclaje de Cádiz en Miramundo.

Planta de Biorreciclaje de Cádiz en Miramundo.

“Para este tipo de cosas somos los menos caros de nuestro entorno”, señaló en su día Antonio Romero con respecto a las cantidades de impuestos sobre la materia que tendrán que pagar en San Fernando o Chiclana de la Frontera.

Dicha tasa supondrá una cuota tributaria de carácter anual cuyas tarifas para las actividades industriales será de 250 a 1.200 euros anuales, para la comercial será de 100 a 350 euros al año, para los supermercados e hipermercados será de 1.100 euros anuales, para los servicios profesionales será de 100 a 1.140 euros al año, para los centros oficiales no municipales será de 280 a 550 euros anuales, para todos estos casos dependiendo de los metros cuadrados destinados a la actividad, y para la hostelería será de 550 a 2.200 euros al año dependiendo del número de camas.

Para las viviendas se establece una tarifa única de 38 euros al año y para las viviendas que tengan jardín oscilará entre los 52 y los 67 euros anuales.

Los recursos, desestimados

Durante el último año, fueron cientos de personas los que enviaron recursos a dicha Tasa Consorcial para intentar parar el cobro de la misma. Sin embargo, han sido muchos los que también han recibido, a través de correo electrónico o mediante correo postal, la desestimación de los mismos.

Ahora habrá que ver la reacción de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puerto Real al respecto, ya que en Abril de 2019, los mismos llegaron a un “acuerdo marco” con el Consistorio, entonces en manos de Sí Se Puede (Podemos) y EQUO.

Además, ante las protestas, Antonio Romero (Sí Se Puede), fue claro a la hora de hablar sobre los deberes de los ciudadanos para con la tasa consorcial. 

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