Este jueves, el Ayuntamiento de Puerto Real vivió una sesión plenaria especialmente tensa: todas las formaciones de oposición —PSOE, Andalucía Por Sí, PP, Vox y concejales no adscritos— votaron en contra del proyecto del equipo de gobierno para actualizar las tarifas de agua y recogida de residuos urbanos. Esta propuesta respondía a la necesidad oficial de adaptar los precios a los incrementos de costes y obligaciones legales.
Previsiones de aumentos rechazados
La propuesta original contemplaba que la subida media sería de 9,16 €/mes por hogar, desglosada en aproximadamente 4,65 € por el agua y 4,51 € por la basura. Esta cifra se fundamentaba en que el precio del agua en alta se había elevado de 0,15 €/m³ a 0,316 €/m³, lo cual suponía un alza del 110,67 % en ese componente, obligando al Ayuntamiento a trasladarlo al recibo doméstico para garantizar la sostenibilidad del servicio.
Además, GEN (empresa municipal encargada del agua y residuos) estimaba que esta revisión tarifaria permitiría que los ingresos de la entidad superaran los 5 millones de euros en 2025, cifra necesaria para hacer frente a los desequilibrios financieros derivados de la gestión infradotada de servicios públicos.
Anteriormente, las tarifas del agua se habían mantenido casi sin cambios desde 2012, pese a que el IPC acumulado había subido en ese periodo hasta un 26 %. Además, el coste del agua en alta para el municipio, fijado por el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, justificaba parte del ajuste: pasar de 0,15 €/m³ a 0,316 €/m³ supone un aumento sustancial que el Ayuntamiento consideraba necesario repercutir.
También se explicó que el ajuste de tasas en basura obedecía a la necesidad de cumplir con la Ley 7/2022 de residuos y la Directiva Europea 2018/851, lo que implicaba mayores gastos de reciclaje, administración y modernización del sistema de recogida.
Andalucía Por Sí pide consenso y planificación
El portavoz de Andalucía Por Sí, Jesús Plaza, lamentó que el gobierno local no hubiera mantenido encuentros previos para alcanzar un acuerdo y acusó al ejecutivo de querer “cargar con la responsabilidad a la oposición cuando la realidad es que es el gobierno municipal el que tiene la responsabilidad de esta circunstancia”. Plaza reconoció la necesidad de buscar financiación pública e invertir en infraestructuras, pero defendió que “hace falta un debate profundo y una solución consensuada para el futuro de los servicios” en lugar de recurrir únicamente a subir impuestos.
Por su parte, el portavoz andalucista Alfredo Fernández criticó que la Confluencia y Adelante se negaran a apoyar la propuesta de auditar los servicios encomendados a GEN, como la limpieza viaria, la recogida de residuos o el mantenimiento de zonas verdes. “Es imprescindible ofrecer transparencia al funcionamiento actual del servicio antes de tocar ningún impuesto”, recalcó.
El PSOE rechaza una subida “inasumible” para las familias
El Grupo Municipal Socialista también votó en contra. Según su portavoz, Carlos Salguero, el incremento previsto —que en el caso del agua alcanzaba en torno al 25%— suponía un golpe inasumible para muchas familias, más aún tras la subida del 140% aprobada en el Consorcio por PP y AxSí. Salguero denunció que el gobierno de Salvador se limitara a “informar de su decisión” sin abrir un espacio de diálogo real.
“El PSOE de Puerto Real siempre ha defendido que los servicios básicos deben prestarse con eficacia, sostenibilidad y responsabilidad, pero también con sensibilidad hacia quienes peor lo están pasando”, señaló. Los socialistas subrayaron que no se cierran al diálogo, pero exigieron alternativas que garanticen la viabilidad de la empresa pública sin “trasladar la factura de una mala gestión directamente a la ciudadanía”.
Una ineficacia inaceptable para el PP
El presidente del PP en Puerto Real y concejal en el Pleno, Vicente Fernández, mostró su “rotundo rechazo” a la subida planteada por el gobierno local. Aseguró que “es inaceptable exigir más esfuerzo económico a los vecinos cuando la ciudad se encuentra en un estado lamentable por la ineficacia de la empresa pública GEN”.
Fernández denunció la suciedad en calles y plazas, contenedores rebosando y un servicio “que no responde a las necesidades actuales del municipio”. Y fue aún más contundente: “Los vecinos de Puerto Real no quieren excusas, quieren una ciudad limpia. Y lo que no están dispuestos a aceptar es que se les suban las tasas de agua y basura cuando la ciudad está, con perdón de la expresión, llena de mierda”.
El líder popular reclamó un cambio de rumbo en la gestión de la empresa municipal y exigió decisiones firmes en su Consejo de Administración: “Si de verdad reconocen que existe una mala gestión, el primer paso no puede ser subir los impuestos, sino tomar decisiones contundentes”.
El Gobierno local defiende el cumplimiento legal
Desde el ejecutivo municipal, la Confluencia y Adelante Andalucía defendieron que la subida respondía a un “compromiso con la ciudad y las empresas públicas”, asumiendo el posible coste político de una medida “de obligado cumplimiento legal en un caso y de equilibrio presupuestario en otro”. El gobierno recordó que estas actualizaciones se han aplicado en otros municipios gobernados por la oposición y pidió “corresponsabilidad” para garantizar la viabilidad de los servicios.
Además, anunciaron la convocatoria urgente de una reunión con los grupos municipales para buscar consenso, advirtiendo de que no cumplir con las obligaciones legales podría poner en riesgo la estabilidad de la empresa pública.
Iván Canca, Concejal de Medio Ambiente, expresó en su última intervención en los puntos referidos a la actualización de las tasas de agua y de basura, el sentir por parte del Gerente del Grupo Energético, Félix Taboada. «Nos vamos a cargar la empresa», dijo Canca en palabras del máximo responsable de la empresa pública que se encarga de la gestión de residuos y limpieza de la Villa.
Con estos mimbres, el Concejal urgió a la oposición a sentarse antes de que la empresa, que tiene más de 500.000€ de pérdidas anuales, tenga que liquidarse.
Un debate abierto
La votación plenaria deja en suspenso la actualización de tasas mientras el debate se traslada ahora a la negociación política. Todos los grupos coincidieron en la necesidad de mejorar la calidad de los servicios básicos, pero discrepan en los tiempos, la forma y, sobre todo, en cómo repercutir el coste sobre los vecinos de Puerto Real.
