El Juzgado de Puerto Real contará con un nuevo sistema de videoconferencia


Juzgado de Puerto Real.
Juzgado de Puerto Real.

La Consejería de Justicia e Interior ha formalizado un contrato con la empresa Ricoh para instalar 57 nuevos sistemas de videoconferencias en salas de vistas, que vienen a sumarse a la dotación existente ya en 456 salas de los juzgados andaluces.

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La medida supone una inversión de 241.872,25 euros que permite dar cobertura con este servicio al 100% de las salas de vistas de Andalucía en las que se celebran juicios.

La instalación de estos nuevos sistemas comenzará a mediados del mes de julio y su distribución se ha realizado en función de las necesidades de cada provincia.

De esta forma en la provincia de Almería se instalarán cuatro dispositivos en las sedes judiciales de Almería, El Ejido y Vera. En Cádiz, serán once salas de las sedes de la capital gaditana, Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Puerto Real, Algeciras, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera y San Roque. En Córdoba, se instalarán en dos salas de la Ciudad de la Justicia. En los juzgados de Granada, Loja y Santa Fe contarán con otros cinco.

En la provincia de Huelva, se van a instalar dos dispositivos en los juzgados de Ayamonte. En el caso de los juzgados de Baeza y Jaén, serán tres. En Málaga, van a ser un total de 21 nuevos dispositivos, la mayoría en el partido judicial de la capital (19), además de en Estepona y Vélez-Málaga. Por último, en la provincia de Sevilla serán nueve entre las sede de Alcalá de Guadaíra, Cazalla de la Sierra, Sevilla, Dos Hermanas y Écija.

Estos 57 dispositivos se vienen a sumar a los ya disponibles en 456 salas de vistas andaluzas. El objetivo es favorecer las actuaciones de los tribunales, evitando el desplazamiento de funcionarios, profesionales, testigos, peritos y técnicos. Este equipamiento también asegura la prevención de la intimidad en las declaraciones de menores, víctimas o testigos protegidos. Asimismo, con las videoconferencias se consigue evitar situaciones de riesgo en el traslado de reclusos o de menores bajo custodia.

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