La jueza de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, ha acordado dividir en nueve la “macrocausa” que investiga los cursos de formación financiados por la Junta. El caso que afecta a los ex trabajadores de Delphi es una de ellas.
La jueza de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, ha acordado dividir en nueve piezas la “macrocausa” que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta, después de que la Fiscalía Anticorrupción le pidiera dividir el caso en cinco grandes bloques.
En el auto, fechado el 21 de diciembre, la jueza divide la causa en los entramados empresariales vinculados a Ángel Ojeda Avilés, Pérez González,y Velázquez Sierra; las referidas a cuatro de los consorcios creados por la Junta de Andalucía con entes locales -CIOMIJAS, FORMADES, FORMAN y CTI-; la causa que afecta a la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) y, por último, la relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
En el auto se indica la excepción de que la investigación sobre el entramado empresarial vinculado a Ángel Ojeda no debe separarse de la investigación realizada a Delphi, y a la instrucción sobre la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal.
El entramado, según razona la jueza, habría recibido dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo 33.3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación, a través de las asociaciones controladas por Ojeda, denominadas AEA, HUMANITAS, INNOVA, INTECA y NATURA, otorgadas el 10 de agosto del 2009 y 3 de diciembre del 2010.
La juez remarca que la investigación pone de manifiesto que Delphi actúa junto con el entramado empresarial vinculado a Ojeda “existiendo indicios de que buena parte de los fondos percibidos para la realización de curso en el entramado de sociedades y asociaciones vinculados a él” no se destinaban a realizar cursos.
Por el contrario, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, “existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, algo que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento”.
Sobre la concesión, tramitación y utilización de las subvenciones que recibieron para cursos de formación los distintos consorcios creados por la Junta con diferentes entes locales -14- y el destino dado a estas subvenciones, en el auto se indica que “hasta ahora solo se han iniciado investigaciones con respecto a cuatro, y sólo con respecto a dos se han realizado actuaciones policiales”.
Por ello, la investigación de cada uno de los consorcios debe realizarse de forma separada y ahora, los atestados relativos a nuevos consorcios que presente la Guardia Civil “darán lugar a la incoación de una nueva diligencia previa que se incoará para instrucción y enjuiciamiento”.
La octava pieza establecida -sobre la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE)- señala que ha sido beneficiaria de fondos públicos destinados a la formación y se investigará si pudieran ser constitutivos de infracción penal sobre fraude de subvenciones, en su caso, malversación, en el seno de ente público, en la tramitación y gestión de las subvenciones para formación”.
Respecto a la pieza del SAE, se investigará los posibles delitos de prevaricación continuado de altos cargos, sobre los que se ha centrado la actividad de investigación en el último año, con la detención de directores provinciales del SAE, y jefes de servicio de Formación Profesional para el Empleo.
FUENTE: EFE
