La Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico ha iniciado un total de 159 expedientes de recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) que afectan a casetas y otras construcciones situadas en el margen derecho del caño del Trocadero, en el término municipal de Puerto Real. La actuación se basa en la Ley de Costas y sigue la misma línea jurídica aplicada recientemente en la playa de La Casería, en San Fernando, donde los tribunales han avalado la continuidad de los derribos.
La notificación oficial de incoación de los expedientes ha sido publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Puerto Real, al no haber sido posible la notificación individual a todas las personas afectadas por desconocerse su identidad o domicilio, tal y como establece la legislación administrativa vigente.
Según el anuncio, los expedientes afectan a un núcleo de edificaciones ubicadas en terrenos incluidos dentro del deslinde del DPMT aprobado en 1998, en una zona próxima a la salina Victoria del Trocadero, entre los hitos M-40 y M-42. Costas considera que estas construcciones carecen de título habilitante que ampare su ocupación, por lo que se ha iniciado el procedimiento administrativo para su retirada.
Requerimiento de desalojo y retirada de construcciones
La Demarcación de Costas ha requerido a los ocupantes que no acrediten autorización administrativa para que cesen la ocupación del dominio público en un plazo de diez días, procediendo al desalojo y retirada de las instalaciones. En paralelo, se concede un plazo de ocho días para presentar alegaciones, conforme a lo establecido en el Reglamento General de Costas.
Desde el organismo estatal se advierte de que, en caso de no atender el requerimiento o no justificar legalmente la ocupación, se decretará la recuperación posesoria del terreno, lo que podría derivar en la demolición de las construcciones existentes.
Un escenario similar al de La Casería
La actuación en el Trocadero se produce en un contexto marcado por las recientes resoluciones judiciales en La Casería (San Fernando), donde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha respaldado la legalidad de los derribos impulsados por Costas, al considerar que las edificaciones en dominio público no generan derechos adquiridos, aunque lleven décadas en pie.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se mantiene que estas actuaciones responden a la obligación legal de proteger el litoral, garantizar el uso público del dominio marítimo-terrestre y restaurar espacios de alto valor ambiental, como ocurre en el entorno del Parque Natural Bahía de Cádiz.
Incertidumbre entre los ocupantes
La apertura de los expedientes ha generado inquietud entre las personas afectadas, muchas de ellas vinculadas históricamente a este enclave del Trocadero, donde existen construcciones tradicionales asociadas a actividades recreativas y usos prolongados en el tiempo. No obstante, Costas subraya que la antigüedad de las edificaciones no sustituye la necesidad de contar con una concesión o autorización vigente, tal y como establece la legislación estatal.
Los expedientes pueden ser consultados en las oficinas de la Demarcación de Costas en Cádiz, mientras continúa su tramitación administrativa.
