El grave estado del sendero de acceso a las Salinas de la Esperanza, en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz, ha derivado en un enfrentamiento institucional entre el Ayuntamiento de Puerto Real, la Junta de Andalucía y el grupo municipal del Partido Popular, tras hacerse público un informe técnico que alerta de riesgos para la seguridad de las personas usuarias.
El Ayuntamiento de Puerto Real ha remitido un escrito formal a la Junta de Andalucía, reclamando una actuación “urgente e inmediata” ante el avanzado deterioro del sendero, situado dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz. La petición se apoya en una inspección realizada por un Agente Municipal de Medio Ambiente, que califica el estado de las pasarelas como “grave e incompatible con un uso seguro”.
Riesgos para la seguridad
Según el informe técnico municipal, el itinerario presenta tablas de madera podridas y sin capacidad de carga, huecos peligrosos en el pavimento, barandillas vencidas y zonas apuntaladas de forma provisional, lo que evidencia el agotamiento estructural de la infraestructura. El documento advierte de riesgos reales de tropiezos, caídas e incluso de un posible colapso parcial del sendero.
Ante esta situación, el Ayuntamiento solicita medidas inmediatas como el cierre preventivo de los tramos más deteriorados, la sustitución completa de los elementos de madera degradados y una revisión integral de anclajes y soportes, además de la programación urgente de trabajos de mantenimiento que garanticen la seguridad y la continuidad del recorrido.
El concejal de Infraestructura Verde y Azul, Antonio Gil, ha señalado que “no estamos ante incidencias menores, sino ante un riesgo real para las personas”, reclamando responsabilidad y celeridad a la administración competente.
La titularidad del sendero, en cuestión
La reacción no se ha hecho esperar desde el grupo municipal del Partido Popular. Su portavoz, Vicente Fernández, ha cuestionado públicamente la reclamación del Ayuntamiento, asegurando que los terrenos y las pasarelas del sendero no son competencia directa de la Junta de Andalucía, sino que están cedidos a la Universidad de Cádiz (UCA), entidad que, según afirma, se encarga de su conservación y de los proyectos que allí se desarrollan.
Fernández ha acusado al equipo de gobierno municipal de “falta de rigor institucional” y de generar confusión sobre las competencias, insistiendo en la necesidad de lealtad institucional y coordinación entre administraciones para abordar una situación que el propio informe técnico considera peligrosa.
Posicionamiento de la Junta de Andalucía
Por su parte, la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha emitido un comunicado en el que recuerda que la salina cuenta con una concesión a favor de la Universidad de Cádiz, responsable de la construcción, gestión y mantenimiento de las pasarelas, aunque subraya que mantiene una “estrecha colaboración” con la UCA en este espacio natural.
Desde la Delegación se indica asimismo al Ayuntamiento de Puerto Real su disposición a aclarar cualquier duda sobre las competencias y a colaborar en la búsqueda de soluciones.
Mientras se dirime la responsabilidad administrativa, el Ayuntamiento ha instado a la ciudadanía a evitar el tránsito por los tramos más afectados y ha anunciado un seguimiento continuo del expediente, con el objetivo de recuperar cuanto antes la seguridad, la accesibilidad y el valor ambiental y social de uno de los enclaves más representativos del Parque Natural Bahía de Cádiz.
