Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y CSIF han denunciado públicamente la “grave situación laboral” que, aseguran, viven los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Puerto Real, tras los retrasos en el pago de las nóminas, el bloqueo de las negociaciones laborales y el incumplimiento de acuerdos alcanzados en las mesas generales con el equipo de gobierno.
Ambas organizaciones sindicales han convocado una queja colectiva el próximo lunes 3 de noviembre, a las 10:00 horas, frente al Ayuntamiento, con el objetivo de exigir al gobierno municipal “el abono puntual de los salarios y la reanudación inmediata de las negociaciones laborales”.
Retrasos en las nóminas y malestar creciente
En un comunicado, CCOO del Ayuntamiento de Puerto Real informó que el pasado 31 de octubre, una representación de trabajadores se reunió con el concejal de Recursos Humanos, Antonio Javier Romero, y con la interventora municipal para protestar por el nuevo retraso en el abono de las nóminas.
Según el sindicato, el propio concejal “reconoció ser responsable del retraso”, explicando que las nóminas “fueron enviadas el día 28, por lo que no se hará efectivo el pago puntual, incumpliendo así su compromiso”.
CCOO asegura que esta situación “no es aislada”, sino parte de un problema estructural que afecta a toda la plantilla municipal desde hace meses, con problemas en el sistema de control horario, en la contabilización de horas extra y en la gestión del crédito de formación.
“Nadie actualiza el crédito horario de cada trabajador, las horas extraordinarias no se registran correctamente y los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación no se cumplen o se modifican después”, denuncia el sindicato.
La organización acusa al equipo de gobierno de “falta de empatía, transparencia y capacidad de gestión”, señalando que el clima laboral se encuentra “en su punto más crítico” desde el inicio de la legislatura.
CSIF se suma a la protesta: “Una situación jamás vivida en el Ayuntamiento”
El sindicato CSIF ha emitido también un comunicado en el que respalda la convocatoria de CCOO y denuncia que los retrasos en las nóminas se repiten “desde el inicio de la actual legislatura”, sin que el gobierno local haya ofrecido “una solución efectiva ni una respuesta clara”.
Desde CSIF aseguran haber presentado denuncias por registro ante la Alcaldesa, Aurora Salvador, y ante la Secretaría General del Ayuntamiento, sin obtener respuesta, y acusan al equipo de gobierno de “silencio administrativo” y de “vulnerar los derechos laborales más básicos”.
“Cada día vemos cómo lejos de avanzar, se nos limitan y recortan derechos, hasta el punto de exigirnos devoluciones de conceptos que fueron reconocidos de buena fe y con el compromiso de las partes”, afirma el sindicato.
Ambos sindicatos coinciden en señalar que la situación está “mermando la moral y la confianza de los trabajadores municipales”, generando una fuerte frustración y desgaste dentro de la plantilla.
Exigen compromisos inmediatos
En la concentración convocada para el 3 de noviembre, CCOO y CSIF exigirán que el Ayuntamiento de Puerto Real:
-
Abone las nóminas de forma puntual y regular, garantizando que los pagos se realicen sin demoras.
-
Retome las mesas de negociación para desbloquear los acuerdos de productividad, complementos y condiciones laborales pendientes.
-
Cumpla con los compromisos adquiridos en materia de horarios, control de fichajes y reconocimiento de derechos laborales.
Ambas organizaciones hacen un llamamiento conjunto a toda la plantilla municipal para que participe en la protesta “en defensa de la dignidad, la transparencia y el respeto hacia los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Puerto Real”.
“No se trata solo de reclamar un salario, sino de exigir un trato justo, digno y responsable. El personal municipal no puede seguir soportando el descontrol y la falta de planificación de este equipo de gobierno”, concluyen los sindicatos.
La convocatoria sindical se suma así a un clima de creciente tensión en la administración local, donde el malestar entre la plantilla municipal ha ido en aumento por los impagos, los bloqueos administrativos y la falta de comunicación interna entre los responsables políticos y los trabajadores.
