El Caso de los Aceites Usados vuelve a la palestra varios meses después de sus últimas noticias. Ahora lo hace con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal de Cádiz, que ha pedido “8 años de inhabilitación especial para el cargo de Alcalde, Teniente de Alcalde, o Concejal o cualquier otro cargo electivo del ámbito local, autonómico, estatal o europeo” según reza el Artículo 42 del Código Penal para Maribel Peinado y los miembros de la Junta de Gobierno Local del Partido Andalucista en la legislatura 2011-2015: Juan Carlos Martínez, José Antonio Ayuso, Javier Traverso, Flores Domínguez, Manuel Izco, Jesús Plaza y para el técnico de Medio Ambiente, José María Córdoba.

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El escrito, firmado el pasado mes de Febrero, ha visto la luz hace unos días, cuando las partes lo han ido recibiendo de manera escalonada, y donde sorprende la no presencia de Beatriz Parrado (Concejal de Medio Ambiente) en la mención de la Fiscalía -mención que sí aparece en la acusación popular-.

En el mismo, la Fiscal señala que se cometió irregularidades en el expediente que adjudicó la recogida de aceites usados a la empresa BioUniversal SL, ya que la atribución se produjo en régimen de monopolio. Algo que requería la aprobación por mayoría absoluta por parte del Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, cosa que no se hizo. Asimismo, el convenio carecía, de igual manera, de los informes administrativos, jurídicos y técnicos necesarios para su aprobación. Todo ello fue firmado por los presentes en la Junta de Gobierno local con carácter de urgencia.

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Posteriormente, y según señala el auto de acusación al que ha tenido acceso Puerto Real Hoy, José María Córdoba, técnico del Área de Medio Ambiente, incluyó un nuevo informe al convenio, proponiendo la firma de una Adenda por la cual Biouniversal se hacía cargo de la recogida, gestión y trazabilidad de los aceites usados de los establecimientos comerciales, institucionales e industriales de Puerto Real.

Una concesión a BioUniversal que se entregó en total exclusividad y sin que la empresa tuviera que pagar retribución a los hosteleros de la localidad.

Juan Carlos Martínez (centro) y Jesús Plaza (Izquierda) entrando en los Juzgados de Puerto Real.

Juan Carlos Martínez (centro) y Jesús Plaza (Izquierda) entrando en los Juzgados de Puerto Real.

La Fiscalía ve indicios claros de que “fue un contrato con claro interés patrimonial, donde el Ayuntamiento se atribuyó un beneficio y le otorgó una exclusividad a una empresa, así como la gratuidad en la recogida del aceite usado”. Con ello se eludía los principios que informan a la contratación pública, tales como el libre acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia.

Con ello, la Fiscalía pedía los 8 años de inhabilitación para todos los acusados por un delito de prevaricación del Artículo 404 del Código Penal; así como ser responsables en concepto de autores (Artículo 28 del Código Penal).

Por otro lado, el Ministerio Fiscal pidió el sobresimiento de la causa para los dos Secretarios Generales del Consistorio por aquel entonces, Emilio del Río y Antonio Aragón, al “no quedar acreditada su participación en los mismos”.

GEREGRAS Y EQUO piden 14 años

Por su parte la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceite y Grasas Comestibles (GEREGRAS) también informó, en su escrito de acusación, de la petición de entre 10 y 14 años de inhabilitación, no solo de cargo público, sino también de empleo público por delitos de prevaricación (Artículo 404 del Código Penal) y de derechos individuales del Artículo 542 del Código Penal.

Asimismo, Geregras pide indemnización por parte de los acusados “como responsables civiles directos, deben quedar obligados a abonar la cantidad correspondiente a las cuotas que la denunciante ha dejado de percibir”.

EQUO Puerto Real, también presente como acusación particular, incide en el delito de prevaricación y pide la inhabilitación para cada uno de ellos de 14 años.

Con estas peticiones, la defensa tendrá que decidir si está conforme o no con un nuevo escrito en el plazo de 10 días. Tras ello, el Juzgado de Puerto Real dará traslado al Juzgado de lo Penal de Cádiz, donde se celebrará el juicio por esta causa, que llega pocas semanas después de la sentencia -aún en recurso- de Peinado por un tema de falta de acceso a la información.

FOTO: Archivo PR

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