Tema muy relevante para un segmento importante de la población española es el de las pensiones. Por desgracia, se está tratando este tema, como un arma más electoral partidista más que como un problema social y económico, dado que se trata de la subsistencia de personas y de familias.
Hace pocas fechas, el Gobierno del PSOE y SUMAR presentó una propuesta de revalorización de la cuantía de las mismas, una gestión correspondiente ordinariamente a tratar en los primeros días de cada año. Se sabía y conocía el que el Partido Popular también estaba a favor de ello, de la revalorización de las cuantías. Hay una realidad palpable, el coste de la vida va subiendo en los productos más usuales diariamente para los ciudadanos.
No debía, por tanto, tener ningún problema en su aprobación en el Congreso de los Diputados al ser las dos fuerzas políticas con más diputados, juntos sobrepasan los 200 escaños. A esto se sumarían los votos de otras fuerzas parlamentarias más minoritarias.
Pregunto ¿a qué viene entonces, en vez de presentar una proposición de una norma común, con un procedimiento normal, que decida Pedro Sánchez presentar la propuesta de revalorización en una norma denominada ómnibus, que yo denominaría norma batiburrillo o de trágala, pues en estas se meten cuestiones diversas con materias que no tienen nada que ver entre ellas. Así si la apruebas tragando con todo, asumiendo materias con las que no estás de acuerdo?.
Una ley ómnibus es un tipo de norma que regula materias que, por su contenido, deberían estar en leyes separadas. En la práctica política, consiste en un paquete de iniciativas centradas en cambios estructurales votadas en conjunto, por economía de procedimiento. Estas suelen ser presentadas al comienzo de un nuevo mandato legislativo. Hoy en día, considero que tal como se está utilizando es un ataque al procedimiento legislativo, que por desgracia se está normalizando.
Si presentas una iniciativa y quieres de verdad, que se apruebe, lo más lógico y de sentido común, que se pretenda o facilite que otros partidos la voten. El problema surge si por simple estrategia política, malévola, no quieren que se apruebe para utilizar su no aprobación como arma electoral tirándosela a la cara a su adversario. Forma, incluyes una propuesta en este batiburrillo, aprovechando materias diferentes que no tienen nada que ver, un tema que no lo asumirá el otro partido, que si está dispuesto a votar la revalorización de las pensiones.
Esto viene a demostrar cuál es el interés sobre todo, la estrategia. Reafirmado cuando una vez realizada la jugada se procede a presentar en dos decretos el contenido ómnibus rechazado, estando en uno solo la mencionada revalorización, que ahora si saldrá sin problemas.
Claro está, que pasada las elecciones de Aragón ya se ha jugado con los pensionistas, se ha aplazado la subida, llamándose por teléfono a pensionistas para dar el mensaje que el PP ha impedido la subida de las pensiones. Está claro que todo está mediatizado por las campañas y precampañas electorales, que se encadenan como las borrascas, importando más las estrategias que los ciudadanos.
En esto se ha convertido la política y la gobernanza, todo dependiendo de elecciones y sus cálculos estratégicos para conseguir votos, dejando al lado ideologías, bien común, compromisos de programa electoral, etc.
Da miedo pensar en próximas elecciones, ¿dónde está el límite de las estrategias?. Lo más grave, es que este deterioro de la sociedad democrática está pasando con más o menos intensidad en gran parte del mundo occidental al que pertecemos.
La pregunta clave es ¿qué queremos, democracia o autoritarismo?
