A punto de concluir el mandato municipal entre 2015 y 2019, la teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Fátima Pontones, ha querido destacar el trabajo que, en materia de deuda económica, se ha venido realizando durante estos cuatro años.

“Cuando nos hicimos cargo del Ayuntamiento –explica la responsable municipal- la deuda total era de 144.292.325 euros, contando lo que se debía a bancos y a otras administraciones públicas, devoluciones de ingresos, facturas pendientes de aplicar, obligaciones pendientes de pago y deuda comercial. Hoy vamos a cerrar esta Corporación con casi 20 millones de euros menos de deuda.”

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Fátima Pontones también ha explicado que, aunque en el periodo medio de pago las cifras han tenido muchos altibajos, estando actualmente “en mayor tiempo del que nos gustaría”, la deuda ordinaria con acreedores ha descendido de manera muy significativa, el 44%, pasando de 40,8 millones a 23,2, esto es, una diferencia de 17,5 millones.”

Pero ha sido la deuda comercial la que culmina la Corporación en el estado más óptimo. De 8,3 millones ha pasado a 2,7, lo que significa una reducción del 70%.

“Éste es el balance que presentamos –continúa la delegada de Hacienda- después de cuatro años de durísimo trabajo del equipo de gobierno y de los técnicos municipales, un gran ejercicio de responsabilidad porque lo hemos hecho a pesar de que consideramos que las leyes que obligan a que los ayuntamientos a pagar antes a los bancos que atender necesidades de la ciudadanía es rotundamente injusta, antidemocrática e ilegítima.”

La teniente de alcalde asegura que “la lucha debe estar en el cambio de esas normas que, aunque de manera legal, no se hicieron con la transparencia debida y explicando a la gente de la calle lo que se estaba aprobando. Empezando por la reforma del artículo 135 de la Constitución, aprobada en el mes de agosto de 2011, que ya dejaba claro que las Administraciones Públicas debían adecuarse al principio de estabilidad presupuestaria”. “Luego –continúa- la nefasta legislatura de la mayoría absoluta del PP permitió a Montoro desarrollar esta reforma en las leyes de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2012 y la de Racionalización y Sonstenibilidad de la Administración Local”.

En virtud de esta normativa, la deuda bancaria “goza de prioridad absoluta”, de modo que “los ayuntamientos siempre tenemos el agua al cuello, lo que nos impide y, en definitiva, poner en marcha nuestras políticas en beneficio de la ciudadanía y no para los grandes bancos y las corporaciones multimillonarias”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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