Las 124 familias de la Comunidad de Propietarios Miramar, en la barriada del Río San Pedro de Puerto Real, han alzado la voz para denunciar la grave situación de insalubridad e incertidumbre que viven desde el incendio registrado el pasado 20 de noviembre en los garajes del edificio, un suceso que provocó importantes daños materiales y dejó más de 30 vehículos calcinados, tal y como informó Puerto Real Hoy.
Desde aquel día, según relatan los propios vecinos, las viviendas mantienen reconocida su inhabitabilidad por la falta de saneamiento, una circunstancia que se prolonga ya más de un mes y medio. “No tenemos agua ni podemos hacer uso de los saneamientos”, exponen, añadiendo que tres viviendas continúan precintadas y que el total de familias afectadas asciende a 124.
Vivir sin agua ni saneamiento en pleno siglo XXI
La mayoría de las familias continúa residiendo en sus casas por la imposibilidad de encontrar alquileres alternativos en la zona, lo que ha convertido su día a día en una situación que califican de “inhumana”. El abastecimiento de agua se realiza mediante grifos instalados en el patio comunitario, mientras que las necesidades básicas se cubren con solo cuatro baños portátiles situados en las calles colindantes.
Para el aseo personal, los vecinos deben desplazarse a las duchas del pabellón del Río San Pedro, ajustándose a los horarios facilitados. A ello se suma la necesidad de subir garrafas de agua a las viviendas y bajar residuos hasta el alcantarillado municipal, que, según denuncian, se encuentra frecuentemente atascado y saturado, pese a las reiteradas peticiones de desatasco al grupo GEN.
Además, los baños portátiles comunitarios solo se limpian dos veces por semana, una frecuencia que consideran totalmente insuficiente para el volumen de personas que los utilizan.
Daños estructurales y plazos inciertos
La incertidumbre es otro de los factores que más preocupa a la comunidad. Según explican, aproximadamente la mitad de las viviendas podría recuperar la habitabilidad en un plazo relativamente corto, pero la otra mitad se enfrenta a un horizonte completamente incierto debido a los daños estructurales provocados por el incendio.
“No sabemos si serán seis meses, un año o más. A día de hoy no existe un presupuesto cerrado para ninguna de las dos zonas”, lamentan, señalando que esta falta de información agrava el desgaste emocional de las familias afectadas.
Sin respuesta institucional y apelación a la Constitución
La comunidad asegura haber solicitado ayuda tanto a la Diputación de Cádiz como al Defensor del Pueblo Andaluz, sin haber recibido respuesta alguna hasta el momento. Ante esta situación, reclaman al Ayuntamiento de Puerto Real que actúe como intermediario y solicite apoyo a las administraciones competentes.
Los vecinos recuerdan el artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y denuncian sentirse “olvidados” por las instituciones. “Siempre se dice que Puerto Real es un pueblo solidario, pero en este caso nos han olvidado”, afirman, invitando a los responsables públicos a visitar la comunidad para comprobar de primera mano las condiciones en las que sobreviven.
Peticiones urgentes si no hay realojo
En caso de que no sea posible ofrecer viviendas alternativas a las familias cuyos hogares permanecen precintados, la comunidad solicita medidas inmediatas para garantizar unas condiciones mínimas de dignidad:
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Instalación de módulos de baños y duchas con agua caliente.
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Habilitación de un comedor social o fregaderos portátiles para la preparación de alimentos.
Impacto psicológico y problemas de salud
El impacto del incendio va más allá de lo material. Los vecinos alertan de un aumento de problemas de salud, como infecciones urinarias, candidiasis y virus estomacales, además de un incremento notable de episodios de ansiedad, especialmente entre menores.
“Hay niños que no quieren dormir en sus camas y que lloran al ver el edificio”, explican. Aseguran que se les prometió atención psicológica, tanto para adultos como para menores, pero que nunca se ha materializado, sin asesoramiento ni seguimiento posterior.
Un llamamiento a la empatía y a soluciones inmediatas
La Comunidad Miramar reclama empatía, auxilio institucional y soluciones urgentes para poder vivir con dignidad mientras duren las obras de reparación. “En pleno siglo XXI no es justo ni digno llevar un mes y 46 días viviendo en estas condiciones”, concluyen, confiando en que las administraciones atiendan finalmente sus peticiones y hagan que sus hogares vuelvan a ser seguros y habitables.
