Greenpeace ha presentado en estos días el informe Radiografía social del medio ambiente en España, un estudio en el que señala, comunidad por comunidad, más de 400 puntos negros del país así como 214 ejemplos positivos a seguir. Entre ellos se encuentra uno situado en Puerto Real, el Polígono de Las Aletas. 

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Además, en este informe Greenpeace ha ido más allá y, por primera vez, realiza una radiografía que refleja las duras consecuencias sociales que tienen las agresiones al medio ambiente en todas las comunidades autónomas. De igual modo, se ponen en valor los impactos positivos que conllevan las políticas medioambientales positivas.

Así, por ejemplo, ha establecido el vínculo entre las infraestructuras inútiles y los escándalos por corrupción y el despilfarro de dinero público; también entre una política energética dictada por las eléctricas y las enfermedades y pobreza energética, o entre la gestión forestal y las privatizaciones y la pérdida de derechos laborales.

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“Esta radiografía permite demostrar que el medio ambiente es una de las principales víctimas de la crisis y es la ciudadanía quien sufre las consecuencias”, ha declarado María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace. “Es necesario que los dirigentes políticos reviertan la situación y apuesten por modelos económicos y sociales respetuosos con el medio ambiente porque las evidencias demuestran que lo contrario tiene graves consecuencias para la ciudadanía”.

Estos son algunos ejemplos de las consecuencias sociales asociadas a la destrucción del medio ambiente:

De entre los casos que afectan al medio ambiente que la organización ecologista ha recogido en el informe porque también tienen nefastas consecuencias para la salud de la ciudadanía, destacan la contaminación que sufre la ciudad de Madrid (donde cada año se producen 2.000 muertes prematuras debido a la polución) y las centrales térmicas de carbón, a las que cada año se asocian medio millar de fallecimientos anuales.

Respecto a la corrupción, si bien la costa ha sido el principal escenario donde la destrucción del medio ambiente ha venido precedida de escándalos urbanísticos, estos también se han producido en el interior. Solo en 2011 se iniciaron 1.754 procesos judiciales relacionados con supuestos actos ilegales de ordenación del territorio y planificación urbana y se dictaron 408 condenas.

La organización ecologista también destaca los casos de puertas giratorias, donde el más preocupante está en la persona de la propia ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que durante años fue directiva de Fertiberia, una empresa con el peor historial de contaminación del país.

Por lo que a los recortes medioambientales se refiere, además del retroceso sufrido por la Ley de Costas, donde se ve afectado el Polígono de Las Aletas, y los recortes en sectores como la prevención y extinción de incendios, destaca la tendencia actual por la privatización de la gestión del agua que ya afecta a la mitad de los municipios del país. Además, Greenpeace lamenta que durante estos años sin sequía declarada, no se hayan llevado a cabo medidas para paliar sus efectos cuando con toda seguridad vuelva a suceder.

Respecto a las grandes infraestructuras que suponen grandes impactos medioambientales pero que luego suponen un fiasco que hay que pagar con dinero público, destacan casos como el del almacén de gas Castor, que podría suponer el pago de 1.350 millones de euros al grupo ACS, los 1.500 millones del aeropuerto de Ciudad Real o los 3.400 millones de las autopistas de peaje.

Finalmente, Greenpeace considera intolerable que en torno al 17% de los hogares en España(más de siete millones de personas) sufran pobreza energética mientras las empresas energéticas tienen ingresos millonarios gracias a una política del Ministerio de Industria hecha a medida.

FUENTE: Greenpeace España

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