El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, ha defendido la decisión de Navantia de trasladar la fabricación de 8 bloques al astillero de Puerto Real. Aguirre también habló de la nueva tutela al Ministerio de Defensa.

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Ante las preguntas realizadas por los grupos parlamentarios relativas a este asunto, Aguirre ha recordado que este programa es considerado como estratégico por Navantia ya que representa su vuelta al mercado civil, por lo que es una condición indispensable cumplir con el contrato. “A día de hoy el proyecto acumula un retraso, no imputable a Navantia, por lo que su situación no se corresponde con el avance requerido para alcanzar los hitos contractuales acordados con el armador”.

 

Según el presidente de SEPI, “ante la necesidad de optimizar el uso de los recursos propios de la compañía en todos sus centros sin actividad en este momento, Navantia decidió trasladar la fabricación de estos ocho 8 bloques al astillero de Puerto Real, ya que puede realizar construcción civil en 2014 y ejecutaría la obra en su mayoría con personal propio. De esta manera, conseguiremos un mayor despliegue de trabajos en unas fechas críticas para recuperar los avances que la Planificación requiere”, ha sentenciado.

Finalmente, Ramón Aguirre ha querido resaltar que la construcción de estos ocho bloques “sólo supone 25.000 horas de trabajo sobre un total de 1.100.000 horas para la producción del buque, lo que supone sólo un 2,3% del total, mientras que la facturación será de 1,1 millones de euros, lo que representa sólo un 0,7% de la facturación total  del contrato”.

Otros asuntos relacionados con Navantia

El presidente de SEPI también se ha referido a otras cuestiones relacionadas con la empresa naval en respuesta a diversas cuestiones como la respuesta comunitaria al dique flotante o el levantamiento del veto a la construcción civil, planteadas por los grupos parlamentarios.

En lo referente a la respuesta de las autoridades comunitarias sobre el dique flotante, Aguirre ha señalado que “la respuesta de la Comisión concluye que concurren una serie de indicios sobre la existencia de ayudas de Estado ante la participación en el proyecto de distintas administraciones y la necesidad de un margen de apoyo público para asegurar su viabilidad financiera”.

“La Comisión descarta, por tanto, que la construcción de un activo fijo escape al control de ayudas, salvo que se efectúe únicamente con fondos privados y recursos propios de la empresa en condiciones de mercado.”, ha concluido.

 

Finalmente, y en relación al fin del veto a la construcción civil, el presidente se ha remitido a la respuesta de la Comisión Europea hecha pública recientemente en la que confirmaban que el 1 de enero de 2015 expiran los compromisos de España relativos a la limitación de la construcción naval civil de Navantia. En cualquier caso, Aguirre ha pedido prudencia “hasta que el nuevo Comisario de la Competencia ratifique el fin del veto a la construcción civil”.

 

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Asignación de la tutela al Ministerio de Defensa.

Además, Aguirre ha recordado que el nuevo modelo de supervisión de Navantia por parte de Defensa responde a una mera asignación de tutela.

Según el presidente de SEPI, “este acuerdo no supone una nueva organización ni ningún cambio organizativo, tampoco cambia el porcentaje de participación pública en las empresas ni el titular de las acciones, ni por supuesto la configuración de la representación en los Consejos de Administración”.

A preguntas de los grupos parlamentarios, Ramón Aguirre ha aclarado que “el acuerdo del Consejo de Ministros tiene como objeto poner bajo la tutela del Ministerio de Defensa, en colaboración con los ministerios de Hacienda, Economía e Industria, la protección y potenciación de un sector estratégico crítico para la seguridad nacional como es la industria de defensa”

FUENTE: SEPI

 

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