El Ayuntamiento defiende los intereses de Puerto Real ante el Ministerio de Transportes


La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha solicitado una reunión con el Ministerio de Transportes para abordar el contenido del requerimiento interpuesto por el Ayuntamiento de la localidad, previo al proceso contencioso-administrativo, en el que se solicita al Gobierno de España la revocación de la orden ministerial relativa a los terrenos de la extinta Delphi.

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Para Elena Amaya, “desde esta Alcaldía tenemos claro que no vamos a dejar de defender los legítimos derechos e intereses de Puerto Real, dado que la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto de la Bahía de Cádiz tiene para el municipio de Puerto Real consecuencias que van tanto desde la urbanística, a la presupuestaria y fiscal y a la sanitaria”.

Cabe recordar que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) aprobó el pasado mes de abril, mediante Orden Ministerial, la modificación sustancial puntual de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto de la Bahía de Cádiz, que adscribe los terrenos del Polígono Industrial El Trocadero, en el término municipal de Puerto Real, al dominio público portuario.

Desde el Ayuntamiento se defiende que no se ha respetado el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), pues la alcaldesa de Puerto Real hizo un voto condicionado  a favor de la DEUP, “que consistía en que la APBC se obligaba a que los usos finales de los terrenos de la antigua Delphi fueran consensuados con el Consistorio”.

En este contexto, “y teniendo la certeza, dado que así la presidenta de la APBC, Teófila Martínez, lo ha manifestado unilateralmente en una reciente reunión, que dichos usos serán para albergar graneles sólidos y líquidos, este Ayuntamiento ha tenido que posicionarse en la defensa de los legítimos intereses de la ciudad”, afirma Amaya.

En esta línea, la alcaldesa defiende que “tal y como está denunciando la propia ciudadanía de Puerto Real, el almacenaje de graneles es una actividad molesta y contaminante, pero es que además es nula en cuanto generación de empleo”.

Desde el Consistorio se resalta que, según las intenciones de la APBC, esta actividad pasaría a 270 metros de la barriada del Río San Pedro y a escasos 2 kilómetros del casco urbano, con las evidentes consecuencias de salubridad y bienestar de la población.

Por si fuera poco, desde la Alcaldía que “de llevarse a cabo la DEUP en los términos que la presidencia de la APBC persigue, supondría, además de una merma presupuestaria para el Ayuntamiento, una injerencia inadmisible en el diseño del futuro modelo industrial de Puerto Real”.

Asimismo, Elena Amaya defiende que “nadie puede perder de vista que la concesión de licencias de actividad es una competencia del Ayuntamiento de Puerto Real y, conociendo nuestra apuesta por favorecer la llegada de industria creadora de empleo y riqueza en consonancia con nuestro plan estratégico para la ciudad, se nos tendría que haber tenido en mayor consideración”.

“Puerto Real no necesita que nadie le marque el futuro ni que nadie decida por ella. A Puerto Real lo que le hacen falta son apoyos de todas las administraciones para que Navantia tenga carga de trabajo, que definitivamente la planta de Airbus tenga actividad industrial ligada a la aeronáutica cero emisiones y que se desbloqueen terrenos de oportunidad como Lógica, donde no nos cansaremos de recordar que existe ya una petición de 36 hectáreas para la implantación de una fábrica de hidrógeno verde que sería generadora de empleo y que apuesta por una industria limpia. Puerto Real tiene un plan, lo está llevando a cabo y lo que necesita son apoyos y no palos en las ruedas por aquellos que, desde una visión elitista, pretenden decidir sobre el futuro de esta ciudad”, denuncia la primera edil de la localidad.

Igualmente, recuerda que “tras años de chabolismo industrial en los terrenos de la extinta Delphi, se da la circunstancia, además, que existe una alternativa real para esos suelos y cuyos inversores asumen como propio, entre otras actividades más interesantes que las propuestas de la APBC desde el punto de vista del empleo y el respeto medioambiental, la creación del Centro de Industrias Digitales de la Provincia de Cádiz, centro ideado por el Ayuntamiento de Puerto Real dentro de sus plan estratégico de innovación y que apuesta por la generación de empleo tecnológico y cualificado”.

A este hecho se une también el que existe la posibilidad de utilizar el más de un millón de metros cuadrados de Las Aletas (actual Lógica) para desarrollar las estrategias de crecimiento del Puerto de la Bahía de Cádiz, por lo que considera “una cerrazón” la actitud de la APBC, “que cuanto menos crea sorpresa y un ataque a los intereses de Puerto Real”.

Tal es así que Elena Amaya denuncia que “Puerto Real se siente maltratada, al ser el destino por parte de la APBC de las actividades que nadie quiere, mientras que, como estamos viendo permanentemente en los medios de comunicación, a otras localidades se les favorece, por ejemplo, destinando las márgenes del Guadalete para usos que poco o nada tienen que ver con el portuario, sino más bien para favorecer el carácter hotelero, hostelero y de ocio de El Puerto de Santa María o la integración del puerto-ciudad en el caso de la capital”.

Finalmente, la máxima representante política del Ayuntamiento puertorrealeño manifiesta sentirse respaldada por “el sentir mayoritario de la ciudadanía del municipio que, como estamos comprobando, se está organizando en contra de estos usos mediante una plataforma de asociaciones”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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