[Este trabajo se publicó originalmente bajo el título “Coerción y control de la Educación durante la Guerra Civil: el caso de Puerto Real (Cádiz)”, en Espacio y Tiempo (Revista de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla), nº. 15, 2001, pp. 213-227 (1); presentamos ahora el texto dividido en dos partes, siendo ésta la primera de las mismas]

Resumen

El estado de la Enseñanza Primaria en Puerto Real entre 1936 y 1940 es fiel reflejo de la situación sociopolítica que se va a imponer en España tras el estallido de la guerra civil (en el bando sublevado contra la República, la “zona nacional”, zona en la estaría encuadrada la villa portorrealeña desde el principio del enfrentamiento civil) y durante el régimen franquista. Como veremos ejemplificado en el caso específico de Puerto Real, desde el inicio de la contienda las órdenes emitidas por la “autoridad competente” con respecto a la Educación van a ser claras y precisas: en las mismas se distinguen ya los inicios de la puesta en marcha de un determinado proyecto educativo que responde a los principios del “Movimiento Nacional” y del “nacional-catolicismo”, ideología que impregnará la educación y, como ella, tantas otras actividades de la vida de España.

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Abstract

The evolution of Primary Education in Puerto Real from 1936 to 1940 reflected the political situation in Spain after the Civil War. As we shall see, the fascist government of General Franco stablished since its own beginnings the standards to rule the Spanish system of Education, according to the ideology of the “Movimiento Nacional” and the national Catholicism.

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Si bien podríamos pensar que en momentos de guerra (y especialmente en los primeros pasos de un conflicto) se vive en un contínuo caos, en una suerte de “totum revolutum” en el que el transcurrir de las actividades diarias se supedita a las necesidades de la situación bélica, y que las autoridades, con gran peso de las militares, se encuentran más pendientes del “día a día” de la conflagración, esto no parece ser así en la guerra civil española. Puerto Real cae enseguida en manos de los alzados y con fecha de treinta y uno de agosto de 1936, habiendo transcurrido solamente un mes y dos semanas desde la fecha de inicio de la guerra (el 18 de julio de 1936), recibe el alcalde (impuesto por el nuevo régimen) de la localidad un documento que contiene una orden del gobernador civil, acerca de las posibles relaciones que habrían mantenido los/as maestros/as destinados en la Villa de Puerto Real con los distintos partidos políticos republicanos; en especial se inquiere si los docentes habían pertenecido al Frente Popular, habían simpatizado con dicho movimiento de izquierdas, o habían estado afiliados a algún sindicato. Como respuesta se pide que los maestros hagan asimismo una declaración jurada negando toda implicación en la vida pública (y en el desarrollo político) del anterior régimen republicano, no especificándose ningún tipo de represalias para aquéllos que efectivamente reconocieran una hipotética relación con partidos y/o sindicatos, aunque éstas se pueden entrever.

Este supone sin lugar a dudas uno de los primeros y más interesantes pasos dados por el “nuevo poder” (el estado embrionario que los facciosos tratan de establecer en lo que denominan de acuerdo con su fraseología altisonante la “nueva España” o la “España Nacional”) de cara a implantar primero y ejercer después un absoluto control de la enseñanza en los territorios que administra, mediante la puesta en práctica de mecanismos tales como la depuración y la “limpieza” de los “vehículos” de la instrucción y la enseñanza: los maestros.

Este documento requisitorio es enviado a todas las poblaciones de la provincia de Cádiz por el Inspector Jefe de Primera Enseñanza (responsable de una oficina de administración civil, cabe reseñar), siendo solicitada al mismo tiempo una relación completa y pormenorizada de los nombres y apellidos de las personas que ejercen el magisterio en cada una de las localidades de la provincia gaditana (2). En consecuencia, todos los maestros/as se apresuran a redactar y enviar una declaración jurada, de acuerdo con el modelo presentado por la autoridad provincial, cuyo texto reza: 

Don/Doña ……….. maestro/a de la Escuela Nacional ………… de Puerto Real, bajo juramento y palabra de honor declaro lo siguiente:

Que ni pertenezco, ni he pertenecido a ningún partido político, por lo tanto tampoco al llamado Frente Popular, habiendo tenido siempre por norma el cumplir fielmente el deber que me fue confiado en la escuela que desempeño.

Como fe de ello extiendo la presente declaración en Puerto Real a dos de septiembre de 1936.

¡Viva España!

Firma.

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Como podemos observar, la política del nuevo régimen (aún pese a la provisionalidad impuesta por su bisoñez y por el propio estado de guerra) comprendió rápidamente el poder de la enseñanza para la construcción de la “nueva sociedad” que quería imponer. Pese a las diferencias que le separan del resto de los variopintos totalitarismos fascistas europeos al uso en la época (casos italiano, alemán, búlgaro, rumano…, v.g., a caballo entre los años 20 y 30 del siglo pasado), es evidente la importancia que la “España de Franco” otorgó a la Educación como pilar básico de lo que se entendía como “regeneración” de la “sociedad corrupta”, de la España “enferma”, que viene “arrastrando” su “enfermedad” desde el fracaso de la Restauración Borbónica (o “Alfonsina”), desde el fallo del sistema Canovista de finales del XIX de alternancia de partidos entre conservadores y liberales y desde el hundimiento del régimen oligárquico teóricamente cubierto por el paraguas institucional de la monarquía de Alfonso XIII (a quien se intenta precisamente desde los sectores conservadores del régimen hacer exclusivo responsable del fracaso del sistema, en una clara búsqueda de un único responsable, de una “cabeza de turco”, o de “un solo cuello que cortar”, idea ésta atribuida desde la Antigüedad al emperador Calígula, en lo que sólo cabe considerar como un ejercicio de “gatopardismo” clásico), y, finalmente, desde la plasmación de todo ese “fracaso” y de la “enfermedad” de España, claramente materializado y representado (a los ojos de los reaccionarios y fascistas españoles del momento – dos elementos que no son necesariamente lo mismo por más que se unieran en el golpe de estado del verano de 1936 al tener objetivos primarios comunes, como la subversión del orden legal republicano y el control del poder en el Estado) por la Democracia liberal parlamentaria y constitucional dimanada de las elecciones del 14 de abril de 1931, pero muy especialmente por la “España Roja”, según la terminología del régimen franquista, salida de las elecciones de febrero de 1936).

Si Franco (y su aparato estatal con él) logró finalmente mantenerse durante cuarenta años (grosso modo) consecutivos en el poder ello habrá de deberse, entre otras causas, a que su régimen supo utilizar la base de conservadurismo (independiente del fascismo) que había en la sociedad española del momento (herencia de siglos precedentes) y moldearla a su interés hasta lograr imponer su ideología desde la educación (ello es, a rationis initio), asegurándose que las “nuevas generaciones” (las “juventudes”) no serían críticas con el régimen (responsable de su conveniente y oportuna “educación”), sino que éste (el régimen), al formar una gran masa sumisa de individuos cuya máxima aspiración sería la de integrarse en el sistema de productividad encontrando un trabajo (es decir, reproducir el sistema en lo económico y no crear alternativas en lo político ni en lo social) y no provocar complicaciones (especialmente de índole política) conseguiría su objetivo: la permanencia en el poder de su proyecto durante el máximo tiempo posible y, por añadidura, que el común de los españoles creyera en dicho proyecto y ni tan siquiera pudiera concebir imaginar otro distinto, en lo que constituiría un triunfo final del “pensamiento único” fascista.

La autoridad que emite la cédula que hemos transcrito con anterioridad pretende la purga (o, cuando menos, en principio, la “localización” e identificación) de “elementos peligrosos” para la estabilidad del nuevo sistema, que se tendría que construir desde la base de la Educación (y de la represión), entre otras. Los “alzados”, si pretenden lograr la formación de una masa de “convencidos ciudadanos”, de elementos obedientes, han de preocuparse en primer lugar de que sus instructores (sus docentes) lo sean, y no transmitan ideas contrarias a las del aparato del Estado, algo que más pronto o más tarde hubiera acabado por minar los cimientos de su proyecto (y que ninguna dictadura puede permitirse). Otro ejemplo de estas purgas también lo encontramos en los archivos municipales de la Real Villa: así por ejemplo en un documento por el que se inquiere al alcalde por el pasado de una maestra en concreto, respondiendo la expresada autoridad local sobre su “carácter intrigante, acomodaticio y tendente a la izquierda” (3).

Se demuestra de nuevo que no fue, pues, el así llamado “alzamiento” una cosa ni mucho menos “hecha a la ligera”, sin cálculo ni reflexión acerca más allá del conflicto bélico y más interesada en el impulso inicial que en la continuidad del esfuerzo político subsiguiente, sino todo lo contrario: es la apuesta de unos pocos (o no tan pocos) por cambiar lo que consideraban que estaba mal, que habría corrompido a la sociedad española, la cual había de ser reconducida por el camino que los “alzados” consideraban correcto, algo que los políticos civiles (los mismos que habían protagonizado y dirigido tanto la restauración borbónica como el reinado de Alfonso XIII), según los criterios de los sublevados, parecían haberse revelado incapaces de no poder llevar a cabo por sí solos (4).

Con fecha de 19 de septiembre de 1936 el alcalde de la Villa, conforme a lo dictaminado por las instancias educativas y políticas superiores, hace llegar a todos los directores de las Escuelas Nacionales locales la orden de mandar al Ayuntamiento una lista de los alumnos matriculados en su centro de enseñanza así como una relación semanal, un parte, de faltas de asistencia a clase de los niños (5). En este parte de faltas debían incluirse los datos relativos a la siguiente información: nombre del niño/a, número de faltas durante la semana, turno al que se ha ausentado el infante (mañana o tarde), domicilio familiar, y si la falta está justificada o sin justificar (al tiempo, señalaremos que se han podido asimismo constatar, en algunos casos, los nombres de los padres de los estudiantes en cuestión).

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Como podemos contemplar se trata de un drástico ejercicio de control político que busca impedir que los menores dejen de estar sujetos a la disciplina escolar, procurando que no se sustraigan a ésta (y, de este modo, tampoco al aparato ideológico franquista, que encontraba su cauce de expresión, de adoctrinamiento y de alcance de las mentes infantiles en las aulas); el régimen militar (y luego franquista) va a mostrar su verdadera cara desde el inicio, tal y como vemos en esta situación, provocando un total sometimiento de la vida civil al poder político-militar. Cualquier aspecto de la vida sería controlado por algún efectivo del Estado.

En esta cédula se ordenaba, además, a los directores de los colegios enviar una lista de plazas de maestros vacantes en sus respectivos centros: el curso está iniciado desde el día quince del mes de septiembre de 1936, y esta falta de docentes en sus puestos una vez iniciado el año académico representa un indicativo cierto de fallos en la administración, ya que no se han cubierto todas las plazas y quedarían, consecuentemente, alumnos sin una plena escolarización (algo de esperar dadas las circunstancias bélicas del momento); esta requisitoria inquiriendo las plazas de docentes por cubrir se envía con el lógico objeto de que estas vacantes sean cubiertas de una forma adecuada y lo más rápida posible.

En estos momentos nos encontramos ante un incesante y contínuo movimiento de maestros nuevos que llegan a la localidad, tras haber realizado los directores de las escuelas sus peticiones para cubrir las vacantes. Aunque la apariencia de normalidad de la vida diaria se ha recuperado parcialmente, no es así completamente en la administración, ya que ésta se encuentra sujeta a las fluctuaciones de una guerra en sus inicios (cuando, además, la represión -evidenciada en los cuestionarios y requisitorias que emanaban del poder civil franquista y que tenían en los docentes su destinatario- está provocando unas dificultades añadidas para el restablecimiento del ritmo en el trabajo), por todo lo cual la incorporación de maestros a esas plazas que hemos visto sin cubrir va a ser lenta y muy “trabajosa”, ya que como veremos la burocracia de la época no resultaría del todo fiable.

Con vistas a agilizar la “normalización” de la situación, se acudirá a “instancias convenientemente autorizadas”, según se las denomina y califica (6); de esta manera, será el Rector de la Universidad Literaria de Sevilla (bajo cuya autoridad académica se encuentra la provincia de Cádiz) el encargado de nombrar y de dar destino a los nuevos maestros de la Real Villa, quienes prestarán servicio de manera provisional, y con la nomenclatura de “transeunte” y/o “interino” (carácter éste que pretende recoger dicha provisionalidad). Los maestros que en Puerto Real se incorporan a los puestos vacantes en esos momentos lo hacen una vez comenzado el curso (como veíamos), prolongándose en el tiempo estas incorporaciones hasta el mes de diciembre del mismo año (vid. Documento I).

Con anterioridad hemos citado los problemas y fallos de coordinación de las distintas administraciones a la hora de la adscripción de maestros a los núcleos poblacionales menores; en Puerto Real este particular se encuentra documentado a su vez por una carta que el alcalde envía al gobernador civil y al jefe de la sección administrativa correspondiente en la que se inquiere acerca del paradero real de dos de los maestros supuestamente ya trasladados a la localidad, Ernesto Ramírez Orellana y Antonio Abelenda Ojeda, los cuales no se habían presentado el día previsto. Algo que sería finalmente solucionado, como se desprende de que sus nombres estén incluidos en la lista de maestros que tomaron finalmente posesión de sus cargos (vid. Documento I). La alcaldía portorrealeña pide que si se emite alguna contraorden de última hora a algún maestro, (por ejemplo enviándosele a otra población), sea enviada al Consistorio la consiguiente notificación, dado que se habían recibido quejas por parte de los padres de los alumnos al estar cerrada la escuela que debían atender aquellos individuos cuya pronta incorporación a destino se esperaba y no se había entretanto materializado (en este caso concreto se trata de la Escuela del Pósito Marítimo).

La relación completa de maestros que imparten clase en la localidad no se habría de hacer efectiva hasta el día 8 del mes de enero de 1937 (en el mismo curso académico 1936-1937, y ya bien entrado el mismo). Con esta fecha el Municipio portorrealeño realiza dicha lista a petición del Rectorado del Distrito (en este caso dependiente, como se ha citado con anterioridad, de la Universidad de Sevilla). En la relación se incluyen los siguientes datos relativos a los profesores que ejercían en nuestra localidad: nombre, apellidos, escuela en la cual imparte docencia y el concepto en el cual era ocupada la plaza (7) (vid. Documento II).

Otro de los diversos asuntos que se resuelven en estos primeros meses de contienda (que coinciden grosso modo, como venimos observando, con los primeros meses del año académico 1936-1937) es la organización de una “Comisión Gestora de Educación de la Villa”, que constituirá una respuesta más de cara a la paulatina “normalización” de la realidad educativa (esto es, al control de la misma). Esta “Comisión Gestora” va a ser configurada (y se va a reunir) para definir y ofrecer las líneas generales de actuación así como para observar (para vigilar que sea observado, cabría mejor decir) el cuidadoso cumplimiento de las mismas (en fin de cuentas, para servir como agente de control de las labores educativas en la Villa). Su creación y composición sería aprobada por el Gobernador Civil de la provincia el veintiuno de septiembre de 1936 (vid. Documento III).

Hasta este momento toda nuestra atención y nuestros comentarios han estado dirigidos a la Educación Primaria, ya que es ésta la que más número de alumnos acoge y el conducto a través del cual el régimen dictatorial irá dominando la nueva sociedad de la nación. Además esta Educación Primaria es la que más toman en cuenta las autoridades, tanto locales como provinciales y estatales, por lo cual la documentación conservada al respecto (v.g., en forma de correspondencia oficial y pública), y los datos sobre el particular, refleja unos volúmenes de información más cuantiosos.

Mas también existían otros tipos, otros grados, de Educación, al igual que en nuestros días; tal es el caso de la educación de adultos. Es de señalar que durante el período republicano todos los grados y niveles educativos habían experimentado un crecimiento considerable y una de las parcelas que precisamente más había crecido fue la educación de adultos, parcela ésta de la Educación que hasta entonces apenas si se encontraba desarrollada en nuestro país (8).

En Puerto Real la educación de adultos, merced al esfuerzo realizado por el gobierno de la República, se había puesto en marcha, funcionando cuatro clases (o grupos) de adultos en horario nocturno; la marcha de este nivel educativo pareció finalizar con el inicio del conflicto bélico, ya que los esfuerzos organizativos y -sobre todo- los presupuestarios se concentraban en la fase primaria. Se recibió en la Villa un telegrama con fecha de doce de noviembre de 1936 con la orden de suspender las clases de adultos, sin que existiera una fecha para reanudar sus actividades. La explicación que se les ofrece a los maestros se basa en la falta de presupuesto: 184’14 pesetas en la escuela graduada “Ramón y Cajal” y 61’30 pesetas en cada una de las tres escuela unitarias. Sin embargo el día siguiente de recibirse el telegrama, trece de noviembre de 1936, los maestros que impartían docencia para los adultos se reúnen y aún a sabiendas de que su trabajo no sería remunerado (ni tampoco demasiado bien considerado), se ofrecen voluntariamente para reanudar las clases, siendo su única exigencia el pago y entrega de nuevo material con el que poder trabajar. Esta única exigencia de los docentes (el material más que necesario mínimamente imprescindible) es aceptada por la “autoridad competente” y se retoman las clases impartidas por los mismos maestros que hasta entonces habían estado encargados de forma remunerada de llevar adelante las mismas (vid. al respecto los Documentos IV y V, en el siguiente artículo -segunda parte y continuación de éste).

El año académico 1936-1937 concluiría el 30 de junio de 1937 sin ulteriores cambios. Durante el verano de 1937, y una vez finalizado el curso escolar, se realiza un cursillo de Formación de Magisterio en Cádiz (entre el dieciséis al veintinueve de agosto) en el cual deben participar de forma obligatoria todos los maestros de la Villa. Como podemos volver a comprobar una vez más el régimen franquista se apresura por tener a todos los maestros bajo su influencia y no escatima oportunidades para lograrlo (lo que se repetirá el año siguiente). 

Notas  

[1]. Los autores de este texto son Manuel J. Parodi Álvarez y Sergio Parodi Álvarez, historiador y pedagogo, respectivamente.

  1. La circular es recibida y firmada por todos los maestros nacionales de la localidad que en esa fecha eran:
  2. Rodrigo Campos Álvarez

Dª. María Serfety Amselcin

  1. Alfonso López Martínez

Dª. Elisa Alonso Prieto

Dª. Herminia Calzado Caserío

  1. Manuel Peñalver de Ávila
  2. Segundo Gil Martínez
  3. Francisco García Sanz
  4. Matías Díaz Florido
  5. Teodosio Méndez y Méndez
  1. Archivo Municipal de Puerto Real (A.M.P.R.), Leg. 1515.
  1. O eso pensarían los militares sublevados, empeñados en hacer salir de entre sus filas al “cirujano de hierro” por quien suspiraban ciertos sectores intelectuales de la España de mediados-fines del siglo XIX (y principios del siglo XX)
  1. Las faltas de asistencia injustificadas a clase eran objeto de multa a los padres del escolar que las cometía. De hecho el volumen de faltas de asistencia es tal que en la segunda mitad de 1936 del total del dinero de multas (multas de naturaleza diversa, se entiende) recaudado por el Ayuntamiento el porcentaje que corresponde a lo correspondiente exclusivamente en función de las multas relativas a temas escolares (de faltas de asistencia) es el 52% del total, bajando al 15% en 1937; en 1938 se observa un aumento del porcentaje respecto al año anterior: el 39%, mientras vuelve a descender al 21% en 1939, subiendo hasta el 40% en 1940. Cada falta de asistencia era castigada con una multa de 5 pesetas, una cantidad respetable para la época.
  1. Encontramos en ello un ejemplo del “estado vertical” nacional-sindicalista en plena ejecución de movimientos.
  1. A.M.P.R., Leg.1515.
  1. Cabe decir que sería precisamente por eso, por lo poco que se había impartido antes, es por lo que la enseñanza de adultos fue lo que más creció; podemos mencionar al respecto la importancia de las misiones pedagógicas de Giner de los Ríos (tío y sobrino), como mecanismo puesto en marcha por el régimen republicano de cara a la extensión de la educación (y la cultura literaria, a través del teatro y las exposiciones itinerantes de obras de arte) a los adultos, especialmente en las poblaciones del campo español; cómo no mencionar también a Federico García Lorca y “La Barraca” a ese respecto…

Coerción y control de la Educación durante la Guerra Civil: el caso de Puerto Real (Cádiz) (II)

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