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El grupo municipal de Andalucía Por Sí (AxSí) ha afirmado este jueves, 5 de noviembre, que la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, está incursa en un procedimiento de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas en el que, según la formación, el Ministerio Fiscal le reclama 233.953,72 euros. En una rueda de prensa, Jesús Plaza y Alfredo Fernández han exigido información sobre estas actuaciones y han anunciado que solicitarán formalmente la retirada inmediata y cautelar de las competencias de Recursos Humanos a Antonio Romero.
Jesús Plaza, que intervino en primer lugar, aseguró que en el procedimiento relativo a Salvador se han practicado embargos de bienes e incluso de su nómina para garantizar un eventual reintegro. La reclamación económica expuesta por los andalucistas no equivale a una condena contra la alcaldesa, cuya eventual responsabilidad deberá determinarse en el procedimiento correspondiente.
Plaza denuncia la falta de explicaciones sobre el procedimiento
El concejal recordó que el pasado 28 de septiembre su grupo pidió a la alcaldesa que aclarase la información sobre la condena de Antonio Romero y que comunicase si existían otros procedimientos relacionados con integrantes del Gobierno municipal, especialmente en materia de personal.
Según Plaza, esas preguntas continúan sin respuesta. «Hoy es 5 de noviembre y no nos consta ni que la alcaldesa ni que ningún miembro de su equipo de gobierno haya trasladado a la opinión pública ni de carácter personal a ningún miembro de este grupo ninguna información relacionada con este asunto», manifestó.
El edil reclamó que se explique qué personas están afectadas, qué actuaciones se investigan y en qué situación se encuentran los procedimientos. También cuestionó las garantías de defensa de los intereses municipales ante el posible conflicto que, a su juicio, plantea que Salvador represente al Ayuntamiento y deba defender sus propios intereses en el procedimiento.
«Tendrá que explicar cuáles son las medidas que ella como alcaldesa […] está poniendo en marcha para que el propio Ayuntamiento garantice la defensa de sus intereses», sostuvo.
La condena por el «perfecto encuadramiento» y la continuidad de Romero
La comparecencia también puso el foco en la sentencia del Tribunal de Cuentas del 4 de junio de 2026 contra Antonio Romero y Carmen Silva por el denominado «perfecto encuadramiento» de la plantilla municipal.
Como publicó Puerto Real Hoy, la resolución declaró a ambos responsables contables directos de un perjuicio de 221.985,84 euros a los fondos municipales y los condenó al reintegro de esa cantidad, además de intereses y costas. La sentencia está recurrida por ambos y no es firme.
El fallo analiza pagos efectuados durante 2018, cuando Romero era alcalde, y la posterior actuación de Silva respecto a la recuperación de cantidades abonadas al personal laboral. Se trata de una resolución distinta del procedimiento contra Salvador descrito ahora por AxSí.
Plaza cuestionó que Romero continúe dirigiendo Recursos Humanos después de aquella sentencia. «Este señor lleva desde que se dicta el fallo por el que le condena —independientemente de que esté recurrida o no— gestionando los recursos humanos de este Ayuntamiento sin que nadie haya informado ni dado explicaciones sobre ello», afirmó.
Para el concejal andalucista, la situación requiere explicaciones y responsabilidades políticas, con independencia de lo que finalmente se resuelva sobre los recursos.
Fernández: «No estamos pidiendo una dimisión»
Alfredo Fernández, que intervino después de Plaza, anunció que su grupo registraría un escrito para solicitar a la alcaldesa la retirada inmediata y cautelar de las competencias de Personal a Romero.
«No estamos pidiendo una dimisión», recalcó. El portavoz defendió que su petición respeta la presunción de inocencia y busca una decisión política mientras se resuelve la situación del delegado.
En ese sentido, reclamó a Salvador que decida «reestructurar el equipo de gobierno y cesar de las competencias de este señor de momento hasta que se esclarezca esta circunstancia».
Fernández insistió en que la finalidad de esa medida es preservar los recursos públicos y cuestionó que no se haya producido una reorganización del área desde que se dictó la sentencia.
El portavoz señaló asimismo que no acudirán a la justicia para hacer revanchismo político ante la falta de acceso a la información que, según denuncia, sufren constantemente. Situó la actuación de su grupo en la fiscalización de la gestión municipal y en la exigencia de respuestas y medidas políticas.
Incertidumbre entre los trabajadores municipales
Fernández vinculó estas exigencias con los problemas que, según sostiene, arrastra la gestión de personal desde el comienzo del mandato. Aseguró que su grupo recibe consultas de trabajadores sobre las fechas de cobro, las cantidades pendientes y los conceptos incluidos en sus retribuciones.
«Se ha llegado al punto de que un trabajador municipal a final de mes no sepa ni cuándo, ni cómo, ni cuánto va a cobrar», denunció. A su juicio, «es absolutamente un despropósito, un disparate, que en una administración pública ocurra esto».
También señaló problemas con el abono de horas extraordinarias y productividades, y advirtió de que la acumulación de asuntos pendientes puede agravar las dificultades que deba afrontar el próximo Gobierno municipal.
La comparecencia se produce después del último retraso en las nóminas del Ayuntamiento. Los funcionarios comenzaron noviembre sin haber percibido el salario de octubre, que finalmente fue abonado el miércoles 4 de noviembre. CSIF también ha reclamado la dimisión de Romero y una reestructuración de Recursos Humanos.
AxSí exige ahora que Salvador explique públicamente el procedimiento señalado por la formación, detalle cómo se están protegiendo los intereses del Ayuntamiento y se pronuncie sobre la continuidad de Romero al frente de Personal.
