El magistrado Juan Carlos Campo se posiciona a favor de reformar la ley de tasas judiciales en lo que respecta a las medianas y pequeñas empresas. El candidato socialista al Congreso también tuvo tiempo de conversar con varios letrados de la localidad.
El candidato al Congreso, Juan Carlos Campo, ha dado a conocer hoy en Puerto Real las principales líneas de acción que el PSOE propone en su programa electoral para afrontar “de manera integral” el derecho a la vivienda. Ante “un asunto de primer orden a consecuencia de la crisis”, Campo ha mostrado su preocupación y aunque ha apunta que “se han hecho algunos avances, no se ha logrado paralizar ese drama que los medios de comunicación nos recuerdan constantemente, en muchos casos en situaciones irreversibles”.
Considera que “ya no basta con un escuálido código de buenas conductas en los bancos, ni tampoco resuelve los problemas de la gente la Ley de Protección de Deudores Hipotecarios”, sino que es necesario “abordar una reforma integral del mercado de alquiler y recuperar el concepto de vivienda de promoción pública para evitar algo que hemos venido padeciendo aunque a algunos les ha ido muy bien y es la venta especulativa de los parques públicos”.
El candidato socialista ha defendido la necesidad de establecer la eliminación automática por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo español.
Campo señala que “se trata de un paquete completo de medidas que plantea además una atención individualizada que permita garantizar la permanencia en sus casas de quienes más están sufriendo la crisis económica, y poner fin a los desahucios”. Así se posiciona a favor de “facilitar la renegociación de las deudas con mediación pública y, en el caso de no poder salvar la pérdida de la vivienda, evitar que esa pérdida arrastre además una deuda de por vida”.
El PSOE se plantea, según ha explicado, “reformar la ley de segunda oportunidad para, por un lado, permitir al juez paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y, en caso de que sea imposible, acordar la aplicación de la dación en pago, valorando la vivienda en el precio establecido para la concesión del préstamo”, así como excluir de la ejecución de los avales que se hayan podido producir en estos casos la vivienda habitual del avalista.
El número tres del PSOE al Congreso sostiene que hay que poner a disposición de la familia que haya aplicado la dación en pago una vivienda en régimen de alquiler social. Asimismo, plantea reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.
Del mismo modo, ha precisado que “se trata también de restaurar los derechos de quienes adquirieron viviendas de promoción pública y de aquellos afectados por tipos de interés en la adquisición de vivienda hoy no referenciados”.
Dentro del paquete de medidas en materia de vivienda, Campo ha abundado también en la necesidad de “promover el compromiso de las empresas suministradoras de los servicios públicos de agua, luz y gas para impedir los cortes del suministro a personas y familias en situación de vulnerabilidad por impago”, de modo que planteamos que “antes del corte del suministro se comunique a la Administración competente que en todo caso podrá mediar entre las partes”.
Cierra el programa socialista en materia de vivienda la creación de un fondo social de gestión pública que permita atender el derecho al techo de la ciudadanía que se vea privada de él.
En clave general, el candidato ha abordado también el nuevo modelo de Justicia que propone el PSOE en su programa electoral y que vendrá acompañado de un importante paquete de reformas “para devolver derechos a la ciudadanía”. Así, ha detallado algunas de las modificaciones normativas, organizativas y tecnológicas que los socialistas plantean para cambiar un sistema judicial “donde el protagonista ha de ser el ciudadano que es el que tiene el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva”.
El candidato del PSOE ha abundado en que “hay que construir un nuevo edificio sin cerrar sus puertas al público y eso entraña dificultad, pero no solo hay que plantearlo desde una óptica incrementalista”. Por eso, plantea que los ejes fundamentales del nuevo modelo judicial del PSOE abarcan desde “un servicio público de calidad, una Justicia profesional y cualificada, que sea tecnológicamente avanzada, orientada hacia las personas y que contemple la dimensión internacional”. Y sobre todo, también ha planteado la necesidad de modernizar el lenguaje lo que denomina “el derecho a comprender de la ciudadanía”.
Dentro de las reformas normativas, Campo apunta a una serie de necesidades como crear una ley de planta judicial, un nuevo partido judicial, funcionar a través de una nueva oficina judicial común o una nueva Ley de enjuiciamiento criminal, entre otras. Y también plantea que hay que cambiar las leyes aprobadas por el PP que han recortado derechos como la Ley mordaza, la prisión permanente revisable o la reforma laboral.
En respuesta a preguntas de los periodistas, se ha posicionado a favor de reconducir la situación de las tasas judiciales, lamentando que “el PP para bajar la litigiosidad haya tratado de convertir la Justicia en una máquina recaudadora”. “Le ha cundido tanto la legislatura que ha creado leyes y las ha reformado”, ha ironizado. En cualquier caso, agradece que hayan reconocido el error que habían cometido de poner trabas a la Justicia, sobre todo en lo que respecta a la ciudadanía, pero cree que aún queda por resolver lo que afecta a las pequeñas y medianas empresas que no pueden soportar una Ley de tasas del mismo modo que las grandes empresas. A propósito, ha recordado que el Tribunal Constitucional se pronunció en marzo de 2012 diciendo que las tasas eran legales siempre que las empresas tuvieran alto volumen de facturación.
Por su parte, la portavoz municipal, Elena Amaya, ha agradecido la presencia de “un candidato que da muestra constante de su amplio conocimiento y trayectoria y que será, sin duda, una garantía para recobrar derechos perdidos durante el nefasto Gobierno de Rajoy”.
FUENTE: PSOE Cádiz
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