La Fiscalía pedirá este martes cuatro años de cárcel para Mónica González


La ex Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Real, Mónica González, será juzgada este martes junto a otros seis acusados en la Audiencia Nacional por el caso Eurowork. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para la puertorrealeña, mientras que la acusación pide diez para cada uno de los acusados.

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La exconcejal de Podemos en Puerto Real Mónica González y otras 6 personas serán juzgadas el martes en la Audiencia Nacional por estafar con falsas promesas de trabajo a inmigrantes latinoamericanos a través de la empresa Eurowork, cuyo fraude total asciende a 485.677 euros.

Por estos hechos, los siete acusados se enfrentan a una petición del fiscal de 4 años de cárcel, mientras que la acusación particular reclama para todos ellos 10 años de prisión al considerar que, junto con el delito de estafa, cometieron otro de asociación para delinquir.

El juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, será el encargado de enjuiciar este fraude, cuya investigación provocó la dimisión de la exedil de Podemos el pasado octubre pese a considerarse ella misma “una víctima más” del engaño.

Según relata el fiscal en sus conclusiones provisionales, la estafa consistía en conseguir mano de obra extranjera, ofreciendo puestos de trabajo fraudulentos a ciudadanos de diversas nacionalidades de América Latina, a los que cobraban 464 euros a través de la empresa Eurowork por iniciar los trámites para buscar un contrato de trabajo en España.

Pese a esa promesa, “no se entregaron los visados, permisos de residencia y trabajo ofertados, ni se ha constatado la consumación de las contrataciones laborales” ni tampoco que se “les devolviera el dinero depositado”, señala el escrito.

Para cometer la estafa, los acusados: Luis Batlle Vilaseca, Mónica González Gómez, Mario Eduardo Vallés Santo Tomás, Nelsi Yadira Tinoco Ortiz, José María Tinoco Montoya, Diego Jodar Mata y Erika Evaneri Figueroa Flores, crearon un entramado societario y organizativo que favoreció “la existencia de un gran número de perjudicados” en territorio español, ya que algunos inmigrantes establecidos en España trataron de traer así a sus familiares.

Según el fiscal, Luis Batlle fue el que creó una estructura empresarial -Eurowork Global y Eurowork Hispania- “con apariencia de legalidad” y era quién ejercía “el control económico de la organización y la toma de decisiones sobre las empresas y el personal”.

Batlle y la exedil asumieron además la condición de administradores únicos de esas dos empresas en diferentes períodos temporales, “creando cuentas bancarias, que fueron posteriormente descapitalizadas por ellos, utilizando las cantidades en ellas depositadas por los clientes de Eurowork, para propósitos ajenos a los fines sociales ofertados”, indica el fiscal.

Simultáneamente, los dos, junto a Mario Eduardo Vallés, disponían de los envíos de dinero a Eurowork -por un valor aproximado de 12.000 euros-, “desconociéndose la utilidad que dieron a dicha cantidad y, en todo caso, ajena al objeto de los contratos formalizados con los perjudicados”.

Los tres contaron también con la colaboración de José María Tinoco, Diego Jodar y Erika Evaneri Figueroa, “a cuyas cuentas bancarias se transfirieron importantes cantidades de dinero desde la matriz de Eurowork”.

Además, Nelsi Yadira Tinoco (esposa de Luis Batlle) consta como titular de cuentas bancarias en el entramado societario, “obteniendo durante los años 2007 y 2008 importantes ingresos en sus cuentas con una actividad laboral prácticamente nula”.

Mónica González, licenciada en Derecho y experta en inmigración y extranjería, era delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Real cuando dimitió a causa de este procedimiento. Podemos mantiene su militancia cautelarmente suspendida.

FUENTE: EFE

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